La Corte Constitucional dio aval para que Colombia defienda a sus ballenas

Fuente: El Tiempo

Esto permitirá alzar la voz en el contexto mundial para salvarlas de la extinción y la cacería.

Las ballenas jorobadas, esos mamíferos marinos que nos visitan cada año, que dan a luz a sus ballenatos en las aguas del Pacífico y que nos asombran con sus aletas gigantes y enormes saltos, comenzaron a ver en Colombia la luz al final del túnel hacia su supervivencia.

La Corte Constitucional aprobó la adhesión del país a la Comisión Ballenera (CBI), lo que le permitirá alzar su voz en el contexto internacional para salvarlas de la extinción y la cacería.

Esta decisión duró más de dos años empapelada y represada en trámites en el Congreso y la Cancillería. Inicialmente, durante casi todo el 2007,  el proyecto de adhesión, bautizado como Ley 213, se quedó guardado en la Cancillería porque el texto estaba en inglés y se re quería una traducción que se embolató.

Finalmente tuvo su primera discusión en el parlamento en el primer trimestre del 2008, pero fue devuelto por imperfecciones en el texto.

Pero desde abril del 2009, cuando la Comisión Segunda del Senado dio el visto bueno a la adhesión y esta pasó a discusión en la Cámara, la idea comenzó a avanzar sin contratiempos  con el impulso de la Alianza Colombiana por las ballenas, conformada por once instituciones ambientales, entre ellas las fundaciones Omacha y Marviva, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) .

Finalmente fue aprobada por el Congreso en pleno, pasó por la firma presidencial hasta que llegó a instancias de la Corte Constitucional, que aunque demoró durante más de tres meses su revisión, finalmente no le  encontró visos de inconstitucionalidad.

La inclusión de Colombia en el organismo no va a producir un giro radical en las posturas de la entidad, pero el objetivo es hacer un bloque con Chile, Argentina y Brasil que se oponen a la caza de las ballenas, posición que precisamente no ha tenido éxito por falta de respaldo.

Por ejemplo, en la última reunión de la CBI en Chile, se fracasó una vez más en el intento por acordar medidas de protección.

Japón, el principal cazador,  ha seguido con su programa anual de captura científica de cetáceos en la Antártida (muchas de ellas yubartas que nacen en Colombia), a pesar de que se sabe esta es una caza comercial encubierta. Nada se ha podido hacer porque la CBI no incluye en sus estatutos una moción para revisar esos supuestos programas en favor de la ciencia.

Otro obstáculo para detener a los barcos nipones ha surgido entre las mismas naciones que integran la CBI, que venden su voto a favor de la caza, a cambio de que Japón los apoye económicamente y hasta con proyectos de vivienda.

Esto ocurre con países pobres como Surinam, Camboya o Gabón, al igual que con Mongolia, que ni siquiera tiene salida al mar. La caza de yubartas y otras especies es un negocio redondo.

Según estadísticas de la Asociación Ballenera de Japón (ABJ), publicadas en su portal de Internet, esta actividad le reporta a esta nación aproximadamente 2.000 toneladas de carne cada año, que en la venta al por mayor significan ingresos por unos 33 millones de euros.

En Colombia las ganancias se dan por una actividad más noble: las jornadas de avistamiento, que les significan a los operadores turísticos de Chocó y Valle ingresos por más de 700 millones de pesos al año.

Colombia era él único país de América del Sur con salida al mar, a excepción de Venezuela , que no había mostrado interés por ingresar a este organismo. Ahora resta esperar que el Ministerio de Medio Ambiente y la Cancillería hagan los trámites protocolarios para que Colombia pueda participar en la próxima reunión de la Comisión Ballenera (se requiere hacer una inscripción que puede costar más de 40 mil dólares), prevista para el mes de junio en Marruecos, donde ahora la nación sí podrá tener voz y voto.

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